Tres mil agentes «toman» las calles de Madrid para exigir al Gobierno su desmilitarización.

Madrid- Autoproclamarse adalid único de la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos tiene sus riesgos. Los más evidentes, no cumplir con los compromisos adquiridos y no respetar esos mismos principios. Ayer, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto se ha ufanado de los logros sociales conseguidos en lo que va de legislatura, recibió un baño de realidad que pone en tela de juicio lo real de tales avances. Porque ha sido a este Ejecutivo de tan autoproclamado talante progresista al que, por primera vez en la historia, se le han manifestado 3.000 agentes de la Guardia Civil vestidos de uniforme para reclamar, precisamente, el respeto de sus derechos fundamentales. Y ello, pese al riesgo evidente que corren de ser expulsados del cuerpo por una falta muy grave, pues los agentes no pueden manifestarse con tal atuendo.
   Sucedió ayer al mediodía en la Plaza Mayor de Madrid. Convocados por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), 13.000 miembros del Instituto Armado, familiares y simpatizantes exigieron al Gobierno que avance en su democratización, su desmilitarización, apruebe un nuevo Régimen Disciplinario y regule, de una vez por todas, las asociaciones profesionales del cuerpo. En una palabra, que cumpla con lo que prometió en su programa electoral.
   Reforma insuficiente
   Para esta organización, la reforma anunciada hace nueve días en el Consejo de Ministros del Régimen Disciplinario no es suficiente. Máxime, porque consideran que no es más que la consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo que decretó ilegales los arrestos de los agentes cuando no están desempeñando tareas de carácter militar. «Hoy, de uniforme, pedimos algo que ya tienen todas las fuerzas policiales de este país, excepto la Guardia Civil , cuya dignidad está siendo pisoteada por una clase política que no está a la altura. Pedimos derechos», afirmó el secretario general de la AUGC , Joan Miquel Perpinya. «Nuestra disposición al diálogo es plena, sin condiciones. Tendemos la mano al Gobierno para avanzar en el reconocimiento de los derechos, con sosiego pero sin pausa, sin más mentiras», concluyó.
   Pocas horas después de la concentración, el Ejecutivo se apresuró a anunciar que tendrá lista la reforma disciplinaria antes de que acabe la presente legislatura. Sin embargo, horas antes del acto de Madrid, los socialistas no hicieron precisamente gala de un talante tan conciliador. Según explicaron fuentes de la AUGC , en la noche del viernes, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, telefoneó a uno de los miembros de la ejecutiva de esta organización para, «en un tono bastante acalorado», advertirle de que el acto era ilegal y de que el Gobierno «no dudaría en aplicar la ley».
   La «llamada al orden» no surtió el efecto deseado y la concentración se celebró con el apoyo de los dos principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, el SUP y la CEP , de centrales de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra y la presencia del máximo responsable de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, que no dudó en criticar al Gobierno por haber incluido en su programa electoral unas promesas que luego no ha sido capaz de cumplir.
   Junto a ellos estuvo también el filósofo Fernando Savater, que se encargó de leer el manifiesto de la concentración, titulado «Derechos ya», y que lo hizo «con mucho orgullo» por poder ayudar a aquellos que en los «tiempos más oscuros» en el País Vasco siempre estuvieron a su lado. « La Guardia Civil -decía el texto- quiere escapar de la miseria de derechos con que la historia les ha tratado. Queremos decirle a los ciudadanos que no somos ciudadanos de segunda clase, ciudadanos sumisos, gente a la que se puede marginar».

La Razon Digital