INTERIOR PODRÍA SANCIONAR A 30 AGENTES POR LA MANIFESTACIÓN
El ex secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Fernando Carrillo, emplazó el sábado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a dar "pasos por el diálogo" y le invitó a reunirse con la asociación para que escuche los motivos que les llevaron el pasado sábado a manifestarse.
Asimismo, reprobó las sanciones abiertas contra dos de sus integrantes, a pesar de las cuales, advirtió, "no les van a callar", y acusó al Ejecutivo de estar buscando la "ilegalización" de la asociación.
Después de la sanción a dos de sus dirigentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aseguró que el Ministerio del Interior abrirá expediente a otros 30 agentes. El ex secretario general de la AUGC, Fernando Carrillo, que calificó la situación como "grave", emplazó al titular de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a una reunión para que escuche los motivos por los que se llevó a cabo la concentración del pasado sábado.
Así se pronunció Carrillo en la rueda de prensa que precedió a la asamblea extraordinaria que la AUGC celebró esta mañana para valorar la decisión del Ministerio del Interior de sancionar y suspender cautelarmente durante tres meses al secretario general y portavoz de la asociación, Joan Miquel Perpinyá y Juan Antonio Delgado, respectivamente, como consecuencia de la manifestación que protagonizaron el sábado miles de guardias civiles uniformados en Madrid.
Tanto Carrillo como los dos guardias civiles expedientados, presentes en la rueda de prensa, coincidieron en tachar de "grave" la situación generada por las medidas de Interior y denunciaron que, a pesar de la "represión" que están sufriendo, la AUGC "no se va a callar hasta que vean cumplidas sus reivindicaciones", que fueron las que motivaron la convocatoria del pasado sábado.
En este sentido, el ex secretario general de la AUGC destacó que el informe jurídico en el que se basan las medidas disciplinarias "no hay alusión" a las intervenciones de Perpinyá y Delgado en la manifestación, sino que se trata de una "valoración contra la AUGC". Por tanto, dijo, "no se trata sólo de una actuación concreta hacia los líderes, sino que no busca nada más que ilegalizar la AUGC, se busca callar a la voz de todos los guardias civiles", denunció.
INTENTO DE ILEGALIZAR LA AUGC
En esta línea, Carrillo acusó al Gobierno de "haber cedido a las presiones de la cúpula militar y haber mostrado su voluntad no sólo de acabar con la AUGC, sino con el asociacionismo en la Guardia Civil". Ello lo demuestra, según indicó, que los altos mandos del Instituto Armado ya habían realizado dicho informe jurídico antes de que el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, lo encargase.
CRÍTICAS EN EL EJÉRCITO CONTRA LOS ALTOS MANDOS
El secretario general de AUME, Mariano Casado, aseguró el sábado que dentro de las Fuerzas Armadas existe una división entre los militares, "sobre todo de alta graduación", que opinan que "no hay que trabajar" en la ampliación de los derechos sociales y los "cientos" de militares que creen "perfectamente compatible" la disciplina con la mejora de sus derechos, tal y como sucede en todo el entorno europeo.
"Todavía hay personas en las Fuerzas Armadas que no han asumido plenamente que es perfectamente posible compaginar la disciplina con el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho de asociación", manifestó Casado en declaraciones a Europa Press a la salida de una rueda de prensa que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) convocó para valorar la decisión del director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, de expedientar a dos de sus integrantes.
Sobres esta medida, el secretario general de AUME se mostró convencido de que la intención de los altos responsables de la Guardia Civil al expedientar al secretario general y al responsable de comunicación de la AUGC, Joan Miquel Perpigná y Juan Antonio Delgado, respectivamente, es la misma que la de las Fuerzas Armadas al ordenar el arresto del presidente de AUME, Jorge Bravo: "ejemplarizar".
Preguntado por las motivaciones que han podido llevar al Ministerio de Defensa a ordenar el arresto del brigada Jorge Bravo, Casado afirmó que existen "razones obvias". "Había que dar el mensaje de que al movimiento asociativo militar no se le va a permitir trabajar en los parámetros de legalidad ordinarios y que cualquier militar que quiera participar en el movimiento asociativo debe pensárselo", señaló.
MENSAJES PROPIOS DE "ÉPOCAS FEUDALES"
Para Casado, este tipo de mensajes son "más propios de épocas feudales" que de una democracia como la nuestra. En esta misma línea, denunció la forma, "al menos sorprendente", en que se había efectuado el arresto del brigada Bravo.
"No pudo hacer prácticamente ni la transmisión del servicio. Tuvo que irse inmediatamente al centro disciplinario, donde ni siquiera sabían que había sido ordenado su presencia allí", denunció. Una precipitación, que, en su opinión, "pone de manifiesto que las cosas se hicieron así porque había instrucciones expresas de que esa misma mañana se tenía que dar razón y cuenta de que el brigada ya estaba privado de libertad".
Por último, respecto a las movilizaciones anunciadas por AUME, el secretario general de esta asociación afirmo que cuando hablaron de movilizaciones no se referían "a que los militares vayan a salir a la calle o se vayan a manifestar". "El término movilizaciones comprende muchas cosas y se harán cuando los órganos de gobierno de la asociación lo decidan. Que todo el mundo esté absolutamente tranquilo", apostilló.