FECHA: 03 de febrero de 2006
COMUNICADO DE PRENSA
Los días 10 y 11 de enero del pasado año 2005, ante una posible e inminente puesta en libertad del etarra José Ignacio de Juana Chaos, el Secretario General del Sindicato Unificado de Policía y el Presidente Nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, dirigimos sendos escritos al Presidente del Gobierno y al Fiscal General del Estado, respectivamente, en los que manifestábamos nuestro deseo de que se activaran “todos los resortes que permita la legalidad vigente para impedir que este asesino pueda quedar en libertad”.
Posteriormente, el 14 de junio del mismo año, emitimos una circular conjunta en la que argumentábamos que “los textos legales deben interpretarse para respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos, y cuando se convierten en aliados del criminal en detrimento de las víctimas, se interpreta mal la legalidad y se corrompe la justicia. El Código Penal de 1973 debe interpretarse a la luz de los principios de la Constitución de 1978. Lo contrario es aplicar en beneficio de los criminales normas preconstitucionales.”
Tras publicarse hoy en los medios de comunicación que el mayor asesino de ETA, Henri Parot, condenado a 4.799 años de prisión por sus 82 asesinatos probados, entre ellos cinco niños, y presunto autor de una carta invitando a sus “buenos amigos” a la realización de atentados que dejarían pequeños los del 11-S y el 11-M, en nombre del SUP, de la AUGC y de la Unión Federal de Policías - cuyo Secretario General asume las manifestaciones anteriores y se suma a las siguientes-, organizaciones que afilian a más de 64.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, queremos poner de manifiesto:
1. Ratificamos hoy el contenido de los documentos antes citados.
2. Reiteramos nuestro deseo de que los dos agentes de policía asesinados el 30 de mayo de 2003 sean las últimas víctimas de la banda terrorista ETA, si bien, como estableció el Congreso de los Diputados en su resolución de 17/05/2005, no entenderíamos que para ello fuera necesario pagar ningún precio político, ni de ninguna otra índole.
3. Nos reafirmamos en que el Estado de Derecho no debe permitir ni un solo segundo de reducción de condena para estos asesinos.
4. Junto con nuestros compañeros, somos víctimas reales o potenciales del terrorismo de ETA y en este sentido sólo esperamos una decisión de los asesinos: que entreguen las armas, que se disuelvan y que afronten las penas que las leyes prevén para ellos. Esto, que significaría la rendición de ETA, constituiría el triunfo del Estado de Derecho, la victoria, aun póstuma, de las víctimas y el reconocimiento a su sufrimiento y al de sus familias.
5. Instamos de los partidos políticos, especialmente de los que sustentan al Gobierno y a la oposición, que retorne el clima de unidad en materia de terrorismo a la vez que exigimos que ésta no se utilice con fines partidistas o electorales.
Madrid, 3 de febrero de 2006.
Por el SUP, Por la AUGC, Por la UFP,
José Manuel Sánchez Fornet Fernando Carrillo Cordero Carlos F. Vázquez Romay
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NOTA: Para apara ampliar esta información contacten con Manuel del Álamo, responsable de la oficina de prensa (670 21 06 98)
