Fecha: 08 de junio de 2006

COMUNICADO DE PRENSA

La instructora del expediente disciplinario abierto al guardia civil de Guadalajara Juan Ferrera, acuerda poner fin al mismo y propone su archivo sin declaración de responsabilidad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pone en conocimiento de la opinión pública y de los medios de comunicación lo siguiente:

La oficial del Cuerpo Jurídico Militar, capitán Patricia Moncada, que fue designada el 21 de diciembre del año pasado instructora del expediente disciplinario por falta grave contra el agente motorista de Tráfico Juan Ferrera Verjano, destinado en Guadalajara, ha acordado poner fin al expediente omitiendo formular contra el expedientado pliego de cargos, dado que según se cita en el acuerdo de la instructora de fecha 23 de mayo de 2006, “no aparecen méritos para acusar al expedientado de la presunta comisión de falta grave alguna, por lo que no procede formular contra aquél pliego de cargos en este expediente”.

En su propuesta de resolución, la Instructora propone: “la terminación de este expediente sin declaración de responsabilidad, pues aun cuando pudieran concurrir los elementos objetivos para integrar la falta grave, no aparece con suficiente seguridad y sin exceder los límites de la libertad de expresión, todos los elementos subjetivos imprescindibles para configurar la misma y hacer reprochable la conducta bajo ese concepto”.

Es de destacar algunas reflexiones hechas por la instructora en la calificación jurídica realizada en la propuesta de resolución: “(…) La evolución del derecho a la libertad de expresión, así como del derecho de asociación pendiente de acometimiento por los Poderes Públicos, para evitar la situación fáctica imprecisa e insegura actual, hasta llegar a la regulación procedente de tal derecho para el colectivo de la Guardia Civil, da lugar a situaciones en las que el error sobre lo permitido y lo que no lo está, condicionan actuaciones concretas, máxime ante formas del ejercicio tanto del derecho de asociación como del ejercicio de la libertad de expresión, que genera frecuentes errores sobre lo que está prohibido, y sobre todo, sobre aquello que debiera evitarse, dentro de la configuración legal adecuada, para posibilitar el estado de convivencia y respeto entre quienes integran el Cuerpo de la Guardia Civil y en general los poderes públicos, imprescindible en un colectivo jerarquizado para el cumplimiento mejor del servicio público”.

Recordemos que el motivo por el cual Juan Ferrera fue expedientado, fue la publicación en el periódico ‘El País’ el domingo día 11 de diciembre de 2005, de una entrevista con el  titular “El cuerpo es un chollo para el Gobierno; poco molesto y barato”.  En dicha entrevista, Juan Ferrera manifestaba su deseo de “lograr un mínimo de calidad de vida, que comienza con unos turnos de trabajo en condiciones. (…) Ni siquiera sabemos en muchos casos si al día siguiente tendremos que trabajar o podremos descansar. Y sólo uno de cada siete agentes puede coger las vacaciones en verano. (…) Mejores medios, aumento de sueldo y libertad de expresión. En resumen, que se nos trate como cualquier otro policía. No pedimos más”.

 Las declaraciones sentaron muy mal a sus mandos y rápidamente se puso en marcha la máquina represora en que se ha convertido el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, para imponer silencio, coartar la libertad de expresión de los funcionarios y acallar las voces críticas contra el sistema militar que surgen cada vez con más fuerza. El día 15 de diciembre, tan sólo 4 días después de la publicación de la entrevista, el coronel Antonio Calle ordenaba la incoación de un expediente disciplinario por “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con carácter colectivo”. Fundamentaba la acusación en  que Ferrera “realiza unas manifestaciones en las que vierte opiniones subjetivas (sic) contrarias a la disciplina, así como afirmaciones falsas”, aunque en ningún momento especificaba cuales son las opiniones ilegales o falsas.

Días más tarde, el 20 de enero de 2006, se llevó a cabo un acto de homenaje y apoyo a Ferrera en el centro de prensa de Guadalajara, al que asistieron numerosos compañeros y dirigentes de AUGC, entre los que se encontraban el Secretario General de AUGC, Fernando Carrillo, el Secretario de la Federación de Castilla – La Mancha, Juan Antonio Defez, y el Secretario General de Guadalajara, Juan Antonio Agudo; además de representantes de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales. Muchos portaban una camiseta en la que se podía leer: “Yo también soy Juan Ferrera”. A consecuencia de este acto, el teniente coronel Andrés Bachiller, jefe de la Comandancia de Guadalajara, solicitó al general jefe de la Zona de Castilla-La Mancha que se abriera expediente contra 34 agentes que estuvieron presentes y portando la referida camiseta. En la nota interna que inexplicablemente apareció publicada en la Intranet de la Guardia Civil y a disposición de todo el mundo, se identificaba a los asistentes al acto, incluidos los representantes provinciales de CC.OO. e IU, se reconocía que se grabó todo el acto y se alertaba sobre la “importante trascendencia” que éste tuvo en los medios y su carácter “reivindicativo”. Bachiller pedía que los agentes que asistieron fueran sancionados “por asumir de forma colectiva las declaraciones” realizadas en la entrevista.

AUGC denunció al teniente coronel Bachiller en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Guadalajara para que se esclarezcan las actuaciones que supuestamente ordenó emprender de identificar a los asistentes al acto e incluso algunas esposas de agentes se han personado en el procedimiento ya que fueron identificadas por asistir a un acto completamente legal. Bachiller estuvo prestando declaración ante la autoridad judicial por tales hechos  en el mes de mayo.

AUGC se felicita de la propuesta de archivo del expediente abierto contra el guardia civil Juan Ferrera, que si bien no es definitiva y debe ser ratificada por el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sin duda alguna viene a dar la razón al expedientado y a AUGC en el sentido de garantizar el derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 20,1 s) de la Constitución Española, también para los agentes de la Guardia Civil.

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Para ampliar esta información, pueden contactar con el responsable de la Oficina de Prensa de AUGC, Manolo del Álamo (tel. 670 21 06 98) o con Joan Miquel Perpinyà, Secretario Nacional de Comunicación (tel. 687 84 99 69)